La política es una de las actividades más antiguas y necesarias de la vida en sociedad. Allí donde existen comunidades humanas, surgen conflictos de intereses, visiones distintas del bien común y disputas por la distribución del poder y los recursos. La política, en su sentido más noble, es el mecanismo civilizado para tramitar esas tensiones sin recurrir a la violencia.
Es deliberación, construcción institucional, diseño de reglas y proyección colectiva de futuro. Sin embargo, pese a su carácter indispensable, la palabra “político” suele generar desconfianza, escepticismo e incluso desprecio. Ese descrédito no es gratuito: ha sido alimentado por prácticas reiteradas de corrupción, oportunismo y manipulación que han degradado la imagen de quienes ejercen el poder.
La esencia de la política debería ser el servicio público. Gobernar implica administrar recursos que no son propios, tomar decisiones que afectan a millones y actuar bajo el principio de responsabilidad frente a la ciudadanía. Cuando esa vocación se sustituye por la ambición personal, la política se transforma en politiquería. La diferencia no es semántica, sino ética.
La política auténtica busca el interés general, reconoce la pluralidad y respeta la institucionalidad; la politiquería reduce la acción pública al cálculo electoral, al intercambio de favores y a la utilización del Estado como botín. En la primera, el poder es un medio; en la segunda, es un fin.
El desprestigio global de la clase política ha sido reforzado por episodios que revelan cómo el poder puede deformar principios y estructuras democráticas. El escándalo de Odebrecht mostró una red sistemática de sobornos que involucró a gobiernos de múltiples países, evidenciando hasta qué punto intereses privados pueden capturar decisiones públicas.
En Brasil, el juicio político contra Dilma Rousseff y la posterior condena, luego anulada, de Luiz Inácio Lula da Silva expusieron la compleja intersección entre justicia, poder y polarización ideológica. En Europa, el referendo impulsado por David Cameron que condujo al Brexit reconfiguró el destino del Reino Unido frente a la Unión Europea, demostrando cómo decisiones motivadas por cálculos partidistas pueden tener consecuencias históricas de largo alcance.
En Estados Unidos, la administración de Donald Trump intensificó la polarización y puso a prueba la fortaleza institucional del sistema democrático. Estos casos no condenan a la política como actividad, pero sí evidencian cómo su ejercicio puede desviarse cuando faltan controles éticos y contrapesos efectivos.
La crisis de confianza tiene causas profundas: promesas incumplidas, desigualdad persistente, captura del Estado por intereses particulares y uso estratégico de la desinformación. Cuando la ciudadanía percibe que las decisiones públicas no mejoran su calidad de vida, concluye que la clase dirigente vive en una esfera ajena a la realidad social.
Esa percepción erosiona la legitimidad democrática y alimenta el anti politicismo, una postura peligrosa que puede abrir la puerta a liderazgos autoritarios que prometen “acabar con todo” sin ofrecer instituciones sólidas que lo sustituyan.
El caso colombiano
En Colombia, la práctica política ha estado atravesada por factores históricos singulares: conflicto armado prolongado, clientelismo estructural y desigualdad regional. Desde el Frente Nacional hasta el presente, el sistema ha alternado intentos de modernización institucional con persistencias tradicionales de intercambio burocrático por apoyo electoral.
Escándalos como el proceso 8.000 durante el gobierno de Ernesto Samper o los vínculos entre congresistas y grupos armados ilegales en la llamada parapolítica evidenciaron la penetración de intereses ilícitos en la institucionalidad.
Más recientemente, el gobierno de Gustavo Petro ha generado debates intensos y polarizados sobre el rumbo de las reformas estructurales y el estilo de liderazgo, reflejando una sociedad dividida pero también más activa en la vigilancia del poder. La compra de votos, la contratación direccionada y la utilización estratégica de programas sociales con fines electorales son expresiones claras de politiquería que han minado la credibilidad pública.
Sin embargo, reducir la política a su versión degradada sería un error conceptual y práctico. La política no es intrínsecamente corrupta; lo son ciertos comportamientos de quienes la ejercen. Allí donde existen instituciones fuertes, prensa independiente y ciudadanía informada, el poder encuentra límites. La solución no es la negación de la política, sino su dignificación.
Esto exige educación cívica, transparencia radical, fortalecimiento de partidos programáticos y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. También demanda una ciudadanía que participe más allá del voto, que exija coherencia y que no premie prácticas clientelares.
La política puede ser instrumento de transformación social o mecanismo de reproducción de privilegios. El desprestigio actual no debe conducir al cinismo absoluto, sino a una crítica firme y constructiva. La diferencia entre política y politiquería radica en la ética, en la coherencia entre discurso y acción y en la subordinación del interés personal al bien común. Criticar a los políticos es saludable para la democracia; renunciar a la política es abdicar de la posibilidad de construir colectivamente el futuro.
Cómo transformar los imaginarios alrededor de la política y sus actores
Frente a este panorama surge el interrogante inevitable: ¿qué hacer para recuperar la credibilidad de la política y de los políticos? La respuesta no es simple ni inmediata, pero pasa por transformaciones profundas tanto institucionales como culturales. En primer lugar, es imprescindible fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: contratación pública abierta, financiación electoral estrictamente vigilada y sanciones ejemplares frente a la corrupción. La impunidad es el principal combustible del descrédito.
En segundo lugar, se requiere revitalizar los partidos políticos como espacios programáticos y no como maquinarias electorales; la coherencia ideológica y la disciplina ética son condiciones para reconstruir confianza. En tercer lugar, la educación cívica debe ocupar un lugar central, formando ciudadanos críticos capaces de exigir, vigilar y participar más allá del voto periódico.
Igualmente, los propios líderes deben asumir un cambio de conducta: menos retórica incendiaria y más capacidad de diálogo; menos personalismo y más institucionalidad; menos promesas grandilocuentes y más resultados verificables. La credibilidad no se decreta, se construye con coherencia sostenida en el tiempo. También es fundamental promover una cultura política que no premie el clientelismo. Mientras sectores de la ciudadanía sigan intercambiando su apoyo por beneficios inmediatos, la politiquería encontrará terreno fértil.
La política puede ser instrumento de transformación social o mecanismo de reproducción de privilegios. El desprestigio actual no debe conducir al cinismo absoluto, sino a una crítica firme y constructiva. La diferencia entre política y politiquería radica en la ética, en la coherencia entre discurso y acción y en la subordinación del interés personal al bien común.
Recuperar la credibilidad exige instituciones sólidas, liderazgo responsable y ciudadanía vigilante. Criticar a los políticos es saludable para la democracia; renunciar a la política es abdicar de la posibilidad de construir colectivamente el futuro.
