La idea central
Hoy damos por sentados la jornada de ocho horas. También olvidamos que ninguno de esos derechos nació de la generosidad espontánea del poder. Cada derecho nació de la lucha de sindicatos, campesinos, estudiantes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades negras, quienes, además, organizaron el reclamo. Líderes y partidos de orientación progresista o de izquierda lo convirtieron en ley. Esa es la tesis que defienden quienes leen la historia social como una historia de conquistas. Al final recoge los matices y las objeciones.
En el mundo: un patrón reconocible
La jornada de ocho horas y la prohibición del trabajo infantil y la asociación sindical siguen rutas parecidas. Primero aparece la protesta y la organización; después llega la ley. Esto también describe el sufragio femenino y universal, la educación pública y los sistemas de salud universales. El Servicio Nacional de Salud británico lo creó un gobierno laborista en 1948. El New Deal estadounidense, impulsado por Roosevelt y el Partido Demócrata, dio a la seguridad social. También creó un marco legal para los sindicatos. Antes, ese marco no existía para ellos. Los Estados de bienestar de los países nórdicos fueron obra, en buena medida, de la socialdemocracia aliada con el movimiento obrero. En todos los casos hubo resistencia de las élites económicas de la época. Los derechos conquistados pasaron a ser patrimonio de la sociedad, incluso de quienes se opusieron a ellos.
Colombia, primer acto: el movimiento obrero y la República Liberal
La Constitución de 1886 dejó poco espacio para los trabajadores. Las primeras décadas del siglo XX mostraron la tensión: la huelga de las bananeras de 1928 contra la United Fruit Company terminó en una masacre a manos del ejército, y el debate de Jorge Eliécer Gaitán en el Congreso convirtió ese hecho en un escándalo político que ayudó a erosionar la hegemonía conservadora. En 1930 llegó la República Liberal, y con ella una apertura a las demandas sociales.
El momento culminante fue el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), la llamada «Revolución en Marcha». Con apoyo de sindicatos y estudiantes, impulsó la reforma constitucional de 1936, que consagró la función social de la propiedad y el derecho a la huelga, y respaldó la organización sindical. La Ley 200 de 1936 abrió la puerta a la intervención del Estado sobre la tierra por razones de interés social. En el plano económico, el gobierno se inspiró en las ideas del New Deal. El mismo López Pumarejo definió su proyecto como hacer por vías pacíficas y constitucionales lo que haría una revolución. Hay que decir también que no fue un levantamiento de masas ni un gobierno marxista: fue un liberalismo social de reformas, y la oposición de los partidos terminó obligándolo a hacer una pausa en el programa. Aun así, la huella constitucional de 1936 fue duradera.
Otros avances de la época apuntan en la misma dirección, como la ampliación de los derechos patrimoniales de las mujeres casadas en 1932, resultado de la presión de las primeras organizaciones feministas.
Colombia, segundo acto: la Constitución de 1991
Si hay un episodio donde la presión desde abajo y la apertura desde la izquierda se combinaron con claridad, es la Constitución de 1991. La idea de una asamblea constituyente fue planteada por el M-19 como parte de sus condiciones para liberar al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, secuestrado en 1988. Su desmovilización y su paso a la política legal abrieron el camino, y el movimiento estudiantil de la «séptima papeleta» generó el respaldo ciudadano que hizo posible la convocatoria.
El resultado fue una carta de derechos: Colombia pasó a definirse como Estado social de derecho, se creó la acción de tutela, que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de un derecho fundamental, y se establecieron las acciones populares y la Corte Constitucional. Antonio Navarro Wolff, ex-comandante del M-19, presidió la Asamblea junto con el liberal Horacio Serpa y el conservador Álvaro Gómez.
La Constitución también reconoció por primera vez de forma amplia la diversidad étnica. Los pueblos indígenas lograron representación en la Asamblea y derechos sobre sus territorios. Las comunidades negras, con una organización todavía naciente, consiguieron que se incluyera el Artículo Transitorio 55, que ordenó expedir una ley específica. Así nació la Ley 70 de 1993, que reconoció a las comunidades negras como grupo étnico y estableció la titulación colectiva de sus tierras en el Pacífico. Es, según los estudiosos del tema, una de las políticas públicas más importantes para esas comunidades desde la abolición de la esclavitud. También allí la movilización fue decisiva: las organizaciones de base presionaron a la Constituyente incluso con telegramas y reuniones, y se apoyaron en el trabajo previo del movimiento indígena.
Colombia, tercer acto: la reforma laboral de 2025
Más recientemente, la Ley 2466 de 2025, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, es el ejemplo contemporáneo más citado. Después de intentos fallidos durante años, el Senado la aprobó el 17 de junio de 2025 por 57 votos contra 31, y fue sancionada ese mismo mes. Entre sus cambios: el recargo por trabajo nocturno comenzó a pagarse desde las 7:00 p. m. (antes, desde las 9:00 p. m.) a partir del 25 de diciembre de 2025; el recargo por trabajo dominical y festivo sube de manera gradual al 80 % en 2025, 90 % en 2026 y 100 % en 2027; los aprendices del SENA pasan a tener remuneración y afiliación a la seguridad social; y se reconoce la relación laboral de los repartidores de plataformas digitales cuando hay subordinación y dependencia económica. Sus defensores la presentan como la primera gran reforma pro trabajadores en más de tres décadas.
Qué dice este recorrido
Vistos juntos, los tres momentos sugieren un patrón: las conquistas sociales en Colombia han ocurrido cuando una movilización social encontró interlocutores políticos dispuestos a llevarla a la ley, y esos interlocutores han estado, la mayoría de las veces, en el liberalismo social, el progresismo o la izquierda. El argumento de fondo es que los derechos sociales no surgen solos del mercado ni de la buena voluntad del poder, sino de la presión organizada.
Matices y voces críticas
Una reflexión honesta debe incluir las objeciones, que no son menores:
• Los pactos amplios. La Constitución de 1991 no fue obra exclusiva de la izquierda. En la Asamblea participaron liberales, conservadores, el M-19 y disidentes conservadores, y la presidencia fue compartida con Álvaro Gómez, quien llegó con la idea de conservar la Carta de 1886. Atribuirla solo a un sector simplifica un proceso que fue, ante todo, un acuerdo plural.
• Avances desde otros sectores. El voto femenino se estableció por un acto legislativo de 1954 durante el gobierno militar de Rojas Pinilla. La Ley 100 de 1993, que amplió la cobertura de salud, fue obra de un gobierno liberal de centro; para sus críticos de izquierda es, de hecho, un modelo de mercado, y para sus defensores, una expansión histórica del acceso. La reducción gradual de la jornada laboral semanal se aprobó en 2021 bajo un gobierno de centro-derecha.
• «Izquierda» es una categoría amplia. Los reformadores de 1936 eran liberales, no marxistas; el M-19 pasó de la insurgencia a la política legal. Llamar «izquierda» a todo esto exige definir qué se entiende por el término.
• Debate sobre efectos. Gremios empresariales y varios economistas advierten que mayores costos laborales pueden afectar la contratación formal, mientras los sindicatos y los defensores de la reforma sostienen que mejoran la calidad del empleo. Además, más de la mitad de los trabajadores colombianos está en la informalidad, de modo que el alcance real de cualquier reforma depende de su aplicación. Y en la propia reforma de 2025 el Senado no aprobó la jornada 4×3 que se había planteado, lo que muestra los límites del consenso.
• La brecha entre ley y realidad. La propia Ley 70 ha enfrentado dificultades de aplicación y de titulación, y excluyó en buena medida a la población negra urbana. Conquistar un derecho en el papel no garantiza su ejercicio.
Conclusión
La lectura más sólida quizá no sea que la izquierda ha hecho todo y el resto nada, sino algo más matizado: los grandes avances sociales de Colombia empezaron casi siempre con la presión de movimientos organizados y con el impulso de sectores progresistas, y se consolidaron cuando lograron pactos amplios que los hicieron duraderos. Esa combinación de movilización y acuerdo es probablemente la lección más útil para entender, y defender, los derechos que hoy tenemos.
